La ley estatutaria de educación no es una reforma educativa, sino un proyecto de ley que consagra la educación como un derecho fundamental. Su principal objetivo es asegurar que llegue a poblaciones actualmente no contempladas por el sistema educativo, el artículo 1 lo define así, “la presente Ley tiene por objeto desarrollar los elementos esenciales, principios sustanciales, mecanismos de protección y garantía del derecho fundamental a la educación que están a cargo del Estado, la sociedad y la familia.” Y el artículo 2 afirma que es lo que se busca con este derecho “…garantizar el acceso común al conocimiento, a los beneficios de la cultura, de la ciencia, las artes, a las competencias en lectoescritura, matemáticas y ciencias sociales y naturales, a la técnica y la tecnología y a los demás bienes y valores culturales, para lograr una formación integral, permanente, inclusiva, intercultural, pluralista, equitativa, pertinente y con calidad, que fomente el pleno desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamental”. En este sentido, se apoya de un total de 44 artículos que establecen las bases jurídicas y los actores sobre quienes recaería la responsabilidad. Es justamente está la dimensión neurálgica de este debate que no culminará con el hundimiento de la ley, sino que continuará siendo el eje central de discusión alrededor de aquellos proyectos que se debaten en el congreso donde se define en quienes invertir el dinero del estado. Son dos visiones disyuntivas, en la primera se asume que los recursos del estado deben priorizar lo público y en la segunda, donde se afirma que para garantizar este derecho también podría financiarse al sector privado. Respecto a este dilema debo explicitar las siguientes consideraciones, o más bien desafíos de cada sector para entender como ninguno en sí mismo es una solución por sí misma tal y como vienen funcionando.
La calidad educativa pese a la vasta discusión que produce existe un punto de consenso, la calidad se traduce en las métricas y los resultados con base a los objetivos planteados. Para algunos actores de la ciudadanía en una visión dominante, el estudio se orienta a desarrollar destrezas para el mercado laboral, para otros es la apuesta por el desarrollo humano multidimensional. Cualquiera que sea la visión, estamos muy lejos no solamente de que la población en Colombia tenga competencias superiores lecto-escritoras, matemáticas, ciudadanas y naturales, sino que también en el desarrollo humano, de la personalidad y el respeto a los derechos humanos.
El sector privado es mucho más heterogéneo que el sector público en términos de la calidad educativa, desde colegios de garajes hasta instituciones educativas que están a la vanguardia de procesos de enseñanza-aprendizaje, acreditaciones, posicionamientos en las pruebas estandarizadas, filosofías y culturas organizacionales. Sin embargo, debe destacarse que sacando aquellas instituciones privadas que operan en una fracción del mercado educativo en condiciones paupérrimas los resultados académicos de los colegios para clase media-alta tienen una ventaja significativa con respecto al sector oficial. Claramente existen dos dimensiones determinantes en el desempeño de los estudiantes de estos colegios: nivel de ingresos y formación familiar. No obstante, en la actualidad los rankings permiten observar a nivel más detallado colegios con matrículas extremadamente costosas con resultados académicos que no logran posicionarse ni entre los diez mejores de la ciudad (colegio Bolívar en Cali) y otros con matrículas menos costosas con respecto al colegio indicado pero entre los primeros de estos listados, en consecuencia, no es tan simple afirmar que mientras más ingresos económicos mejor desempeño existe, también pueden verse casos en el sector público de instituciones en condiciones vulnerables con destacadas propuestas educativas, esto conlleva entender un poco sobre la incidencia de las culturas organizacionales en el rendimiento escolar.
Estas diferencias entre las instituciones que ocasionalmente pueden diferir mínimamente se pueden reflejar grandes distancias en el agenciamiento y gestión de las prácticas educativas, dirigidas algunas de ellas por profesionales de la educación de una rígida vocación como también por sistemas internacionales que establecen las pautas para la consolidación de prominentes resultados y la instauración de culturas organizaciones caracterizadas por la mejora continua. Sistemas de gestión de calidad que han sido producto de décadas de acervo en los servicios al cliente en el marco de la racionalidad del ciudadano como consumidor. El gran mérito del sector privado es el nivel de eficiencia y eficacia que logran, el gran problema del sector privado es un rasgo en común innegable, la enorme incertidumbre laboral, contratos a tiempo fijo, la sobre explotación e hiper-productividad del plantel docente, en quienes termina recayendo cada décima de responsabilidad de los resultados institucionales. En este sentido, es inversamente proporcional los resultados académicos de los estudiantes de las condiciones laborales de los docentes, para junio de cada año al culminar calendario B donde están los colegios privados empieza “la subasta docente” como lo hemos llamado burlescamente, miles de profesores despedidos después de darlo todo buscando en la incertidumbre correr con mucha suerte para volver a ser contratado a término fijo por otra institución privada. Frente a esta realidad cabe mencionar que no hay un movimiento que enarbole una lucha por evitar tal nivel de precarización laboral.
El sector oficial, contrario a esta lógica, perversa instaurada por la racionalidad empresarial de hacer ganancias sin importar los prejuicios y afectaciones directos e indirectos en los trabajadores, ha posibilitado convertirse en una bandera del trabajo dignificado, el magisterio ha demostrado en la región latinoamericana y en el mundo como la lucha sindical puede contribuir sin lugar a duda en la mejora de condiciones laborales al punto de ser un referente de estabilidad laboral poniendo la docencia en un lugar de apetencia social; el número de docentes en el país que se postularon en el último concurso superó los 450 mil colombianos, desde normalistas y licenciados hasta doctores en los más variopintos campos del saber y hoy son más de 300 mil docentes contratados por el Estado Colombiano. A pesar de las contrastantes condiciones laborales de los docentes del sector oficial el desempeño educativo de los estudiantes se caracteriza por el bajo rendimiento en distintas competencias, pero principalmente en Lectura Crítica y Matemáticas. El análisis dominante entre el profesorado a esta realidad tiene que ver con la complejidad del aprendizaje y la multifactorialidad presente en estos resultados, desde luego esta es una explicación irrefutable, sobre todo en un país extremadamente desigual donde hasta hace pocas décadas las tasas de analfabetismo eran de las más altas de la región alcanzaba el 43%, la educación primaria tenía una cobertura únicamente del 50% y tan solo 1 de cada 130 niños llegaba a la universidad (MEN, 1991).
El discurso desde las bancadas de oposición y otros sectores de la sociedad es que este bajo desempeño académico es responsabilidad de los docentes y principalmente de FECODE por los paros permanentes, pero sobre todo por la poca eficacia que las instituciones desarrollan. En mi concepto, hay razones fácticas para considerar válida esta lectura de la baja eficacia, no considero que sea una mera visión de algunos congresistas con el estricto propósito de destruir la educación pública y gratuita, es una percepción legítima que existe en la ciudadanía, incluso en el mismo magisterio, muchos prefieren mandar sus hijos al sector privado por estas mismas razones. Si pudiéramos recoger la percepción de las familias y del estudiantado frente al sistema escolar de carácter estatal quizás estas serían cifras desconcertantes para los docentes al medirse estándares de gestión e impacto. Del mismo modo es legítimo considerar que el sector privado tiene enormes deficiencias en términos de precarización laboral y perpetuación de la segregación social al asegurar el servicio educativo a las clases sociales con el poder adquisitivo para pagar altas tarifas.
Si bien existen decenas de factores que conllevan a comprender las razones detrás de esta realidad también es cierto que el Estado invierte al año 2024 más de 70 billones del PIB, principalmente en este gobierno, donde ascendió aproximadamente 13 billones, para todo el sistema educativo, desde formación inicial hasta superior. En consecuencia, el estado presionado por la lucha sindical ha favorecido para que los profesionales más preparados de la nación en pedagogía y demás núcleos del conocimiento puedan generar un impacto sustancial en la sociedad, el gran desafío es que, si pasadas unas décadas los resultados se mantienen en bajos indicadores bajo la tutoría del sector estatal, el sector privado será el más beneficiado al ofrecer la promesa de la eficacia que el sector público no logró. Escenario donde por factores singulares parece tomar ventajas.
Para el caso puntual de esta Ley Estatutaria todavía no iba a ser su momento para brillar, si bien se contemplaba su participación bajo las siguientes condiciones Artículo 7 Asequibilidad (Disponibilidad). Parágrafo “El Estado podrá garantizar la asequibilidad (disponibilidad) de la educación a través de entidades sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas particulares, cuando las circunstancias así lo requieran, siempre que cuenten con una reconocida trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los servicios educativos estatales.”
En este orden de ideas, el día de hoy es una derrota, pero no del gobierno, ni del magisterio, del congreso, ni de los empresarios de la educación, hoy los grandes perdedores son todo ese conjunto de la población a la cual el Estado debía garantizar la educación desde la inicial hasta la superior: Artículo 21. Derecho fundamental a la educación del campesinado y personas en la ruralidad. Artículo 22. Derecho fundamental a la educación para jóvenes, adultos y adultos mayores. Artículo 23. Derecho fundamental a la educación de las víctimas del conflicto armado interno. 24. Derecho fundamental a la educación para personas reincorporadas y en proceso de reincorporación, Artículo 26. Derecho fundamental a la educación de los pueblos étnicos, comunidades Indígenas, Negras, Afrodescendientes, Raizales, Palenqueras y Rom a participar en la construcción de los sistemas educativos propios. Artículo 27. Derecho fundamental a la educación para personas con discapacidad. Artículo 28. Derecho fundamental a la educación para personas con capacidades o talentos excepcionales y doble excepcionalidad. Artículo 29. Derecho fundamental a la educación para personas con trastornos específicos del aprendizaje o del comportamiento. Artículo 30. Derecho fundamental a la educación para personas en condición o situación de enfermedad. Artículo 31. Derecho fundamental a la educación para las personas gestantes o lactantes. Artículo 32. Derecho fundamental a la educación para padre o madre cabeza de familia y personas cuidadoras.
Los dos puntos neurálgicos de esta ley eran los siguientes: la financiación del sector privado con recursos estatales y la evaluación docente. En cuanto a la primera, es importante mencionar que la Constitución de 1991 ya reconoce al sector privado como un actor del sistema educativo colombiano. Asimismo, la Ley 115 de 1994 hace alusión al sector privado en al menos una docena de ocasiones, y el Estado ya actúa como financiador a través de programas como Pilos Paga, dado que las disposiciones normativas de esta ley de hace 30 años se lo permiten. Respecto a la evaluación docente, el propósito planteado por los ponentes del gobierno recoge la visión de la evaluación como un proceso complejo que tiene como principal propósito mejorar el desempeño, para la derecha había de por medio un enfoque punitivo, pero también legítimo en muchos sectores de la sociedad que demandan más evaluación a los docentes con base en los resultados de los estudiantes. Otra de las razones por la cual se permitió su hundimiento era por el fragmento de ponencia de partidos de oposición donde se introduce la noción de la educación terciaria, que comprende un ciclo adicional posterior a la educación básica y media. Este ciclo puede referirse tanto a la educación superior como a la formación para el trabajo. No obstante, la desinformación producida por quienes estaban interesados en el hundimiento de la ley confundió educación terciaria con tercerización de la educación.
En el contexto del pluralismo, y más en el del congreso donde una ley estatutaria debe pasar con la mitad más uno, no se puede imponer una visión hegemónica, menos en un sector como la educación que está constituida entre distintas praxis y racionalidades. Este documento debe entenderse en su totalidad y no de manera fragmentada. Su propósito era establecer la educación como un derecho fundamental concatenado a cinco elementos esenciales a) Asequibilidad (Disponibilidad) b) Accesibilidad (No discriminación, condiciones materiales, económicas y geográficas) c) Aceptabilidad (Calidad e Idoneidad) y d) Adaptabilidad (Permanencia y Adecuación). Estos bajo 28 principios entre los que se destacan los siguientes: Equidad, Universalidad, Igualdad, Inclusión, Calidad, Pertinencia, Articulación, Autonomía Escolar, Interculturalidad, Gratuidad, Enfoque territorial, Enfoque de género. La reforma no fracasó por su carácter regresivo, mercantilizado y privatizador, o por el carácter estatal y persecutor del sector privado, sino por la interpretación fragmentaria de textos en un bombardeo mediático desde las directivas sindicalistas que por su propia capacidad organizacional neutralizó cualquier acción del gobierno, pero por el peso de su propia inercia no tuvo una capacidad propositiva y conciliadora para sacar adelante los principios propuestos en la ley. Gran parte de esta esquizofrénica conducta respondió a las acciones de la bancada de oposición, videos como los de Paloma Valencia que al final lograron el objetivo esperado: generar caos y confusión, maximizando su injerencia en la ley estatutaria como partido de oposición cuando tuvieron que ceñirse a múltiples demandas de los partidos pro-gobierno y de la ministra de educación.
Lamentablemente, el magisterio no es el ganador de esta contienda, los verdaderos ganadores son la oposición, pusieron en contra a FECODE uno de sus aliados más determinantes de la gobernabilidad del progresismo conllevando al hundimiento de una Ley Estatutaria esperada durante tres décadas. Como aprendizaje de este episodio tan desafortunado debo decir que la acción colectiva espontánea y diversa puede generar grandes transformaciones sociales, sin embargo, las orquestadas desde el dogmatismo enceguecedor puede terminar tornándose en contra. En este orden de ideas, el sector oficial debe pensarse respecto al desempeño escolar y encontrar puntos constitutivos de una cultura del buen rendimiento y superar una narrativa simplista que al reconocer la multiplicidad de factores y obstáculos desiste de posicionar prácticas educativas con mejor gestión e impacto, así mismo desde un enfoque político más allá de satanizar lo privado también debe ayudar a asumir la defensa por las condiciones laborales tal y como están constituidas desde el código sustantivo del trabajo quien regula y permite contratos precarios a los docentes de colegios de este sector. En esta línea una lucha que ha quedado auscultada es que, si hay financiación del estado, debe con mayor razón exigir condiciones laborales dignas que hoy no ofrecen y que utilizan a su favor para generar ambientes extremadamente competitivos, alienantes y disciplinados.
Es necesario un pensamiento autocrítico que examine el papel del magisterio en la concreción de la calidad educativa. Tal como se presenta, el espíritu de la docencia parece enfocarse más en las barreras y problemas que en la agencia y las oportunidades de transformación. Como miembro del magisterio debemos trabajar en: hacer autocrítica, generar más espacios de disertación, crear disposiciones que contribuyan con una cultura de mayor compromiso, entereza, innovación, dinamismo, aprender de experiencias exitosas en contextos vulnerables, socializar y retroalimentarnos de lo que nos funciona como docentes en el contexto propio, pensar los proyectos educativos institucionales, gestionar alianzas con las comunidades y demás actores territoriales, diseñar políticas que revisen los procesos de comunicación y estrategias para considerar los riesgos que entorpecen el buen funcionamiento escolar pero sobre todo, trabajar en currículos que tomen las percepciones, motivaciones y proyecciones de los estudiantes, si la escuela tradicional con las múltiples violencias simbólicas que ejerce, citando a Pierre Bourdieu, será más difícil cultivar el deseo por el estudio y la escuela como escenario de potenciación, emancipación, realización y por tanto de transformación social.
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https://www.unidadsolidaria.gov.co/Prensa/Noticias-Ley-estatutari-de-educacion-fue-aprobada
