Por
Andrés Felipe Ramírez Arcila
Durante el siglo XX la
violencia perturbó la sociedad colombiana. A pesar de ello, fue posible el
mantenimiento de una relativa estabilidad democrática e institucional adscrita
a las sólidas identidades bipartidistas que por más de una centuria se alternaron
el poder ordenando desde el estado una vida social y económicamente liberal en
medio de poblaciones mayoritariamente conservadoras. El cuadro de violencia
más intenso en el país considerando la escala nacional que ésta integró fue sobretodo
en la década de los 80´s y 90´s. Con la llegada del nuevo siglo y transcurrida
las primeras dos décadas un acontecimiento político sería determinante en el
devenir histórico de esta nación, los acuerdos de paz entre el Estado y las
FARC, los cuales colocaron un nuevo referente en la vida pública, la
sustitución de las armas por el diálogo. Ello implicando en primera instancia
el reconocimiento de grupos sociales que aún después de la constitución del 91
seguían siendo marginados. Este acuerdo no solamente significó la
desmovilización de la guerrilla más antigua de occidente sino también un gran
espacio de reconfiguración de las fuerzas políticas en el país y la
reactivación de diversos movimientos sociales que describiré en el presente
texto.
Hasta las elecciones
presidenciales del 2010 con Juan Manuel Santos, él y en conjunto del anterior
gobierno de Álvaro Uribe Vélez ascendieron a éste cargo apelando a la guerra como
fuente de legitimidad y de su praxis política. Sin embargo, a mitad de
su primer periodo electoral en el año 2012 cambia por completo de rumbo y se
inclina por la paz como la bandera de sus siguientes años de gobierno. Una
consecuencia directa de esta alternancia en la lógica de gobernanza para una
sociedad que venía de apostarle a la renombrada política de seguridad
democrática -entre el año 2002 y el 2010- fue el ambiente de polarización a
escala nacional. Este hecho sería clave en el desarrollo de los acontecimientos
venideros como: la reelección de Santos, el plebiscito por los acuerdos de paz,
las elecciones del 2018, y la movilización nacional del 19 de Noviembre del
2019.
Una de las grandes
dificultades de la nación colombiana en su proceso de consolidación ha sido la
configuración de una simbólica nacional, es decir, la concreción de determinados referentes de
integración mediante los cuáles una población multiétnica, plural y
heterogéneamente distribuida en el espacio geográfico con complejos culturales
divergentes y proyectos económico-políticos contrariados pueden concebirse como
parte de una misma unidad. Durante el siglo XX el
bipartidismo cumplió parcialmente con esta función de integración dado que el
grueso de la población se reconocía como simpatizante de uno u otro partido político
y por ende la ciudadanía depositaba cierta confianza en la institucionalidad que
a su vez era una fuente de cohesión en
el marco de una democracia, creando la idea de un mismo cuerpo, de una sola
nación No obstante a la luz del siglo
XXI, el bipartidismo perdió su lugar hegemónico.
En este nuevo siglo es más
difícil determinar que está permitiendo la idea de una comunidad imaginada, más cuando este proceso
de integración o afirmación de una simbólica nacional ha tenido diversos
hincapiés. Proceso explicado en parte, como consecuencia del olvido y la escasa o nula
consciencia del pasado y también de la ausencia de un discurso hacía futuro
como referente de acción. En efecto, este sigue
siendo un problema sustancial del
estado-nación colombiano para lo cual estudiar los acontecimientos de la última
década puede brindar algunas pistas, más en un escenario de transición, de una
lógica de gobernanza centrada en la guerra hacía una lógica de la paz.
La constitución de 1991
estableció en principio una nueva concepción como República: democrática, participativa
y pluralista, respetuosa de la dignidad humana, referentes ético-políticos
deseables en el marco de una sociedad libre, justa y equitativa. Este nuevo
horizonte tenía un papel prometedor para lograr la superación de la exclusión
económica política y social como condicionantes estructurantes de las
realidades nacionales. No obstante, la concreción política de esta constitución
fue obstaculizada por la violencia que se agudizadaría durante esta misma década.
Paralelamente con la
apertura económica en el gobierno de César Gaviria Trujillo en 1990 las
reformas económicas conllevarían a la
implementación de un régimen neoliberal contraproducente a los planteamientos
de un estado social de derecho. Mientras
en éste los derechos humanos estaban
como una aspiración fundamental de la sociedad
las reformas económicas consolidaban todo un cuerpo jurídico y político
en el que el mercado y el crecimiento
económico eran las columnas que edificarían la prosperidad de la nación. De algún modo la emergencia de un nuevo pacto
como sociedad fue limitada tanto por las atrocidades de los actores armados en
disputa como también por una serie de reformas laborales, educativas,
tributarias, sociales y fiscales que estimulaban el ascenso de una narrativa
del desarrollo por vía del crecimiento económico. En dicho contexto y sumado a la
escasa movilización social el resultado fue un Estado Social de Derecho con
existencia de papel.
Las
negociaciones por la Paz, hacía un nuevo porvenir.
En el año 2016, casi tres décadas después de aprobarse la
constitución de 1991 los acuerdos de paz significaron un retorno a los
elementos vertebrales de la Carta Magna. Estos acuerdos además de poner fin a la guerra
y buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas, también aumentaron la
participación política, consolidando más garantías a los partidos de oposición,
promovieron la implementación de una política de desarrollo agrario integral y finalmente
introdujeron ciertos mecanismos en la lucha contra el Narcotráfico.
La desmovilización de la
FARC fue sin lugar a duda, el acontecimiento más destacable de la última década
en términos de superar las divergencias
políticas sin medios violentos. Este hecho como afirmé anteriormente abrió un
espectro a favor de la reestructuración del poder en el país y la reactivación
de una variedad de movimientos sociales pero paralelamente movilizó ciertos
actores que medirían su capital político en una confrontación directa contra las negociaciones en la habana.
La búsqueda de la paz
como salida al conflicto armado creó las condiciones más oportunas para la polarización de la sociedad colombiana. No
como resultado de un proceso aleatorio sino como modus operandis de
determinados actores políticos que para afianzar su poder tanto en la opinión
pública como en diferentes ámbitos de la
sociedad civil emplearon una guerra mediática. Los dispositivos retóricos
fueron centrales en esta conquista, utilizando las potencialidades de los
medios de comunicación y las redes sociales por los cuales circularían
terabytes de información carente de veracidad, tergiversada e impregnada de
consignas que despertaban la indignación de miles de ciudadanos frente a los
acuerdo de paz. Entre las acusaciones que se llevaron a cabo estaban la
supuesta impunidad de los actores armados, los beneficios económicos que estos
recibirían, la entrega del país a Timochenco y por último la transición hacia
un modelo económico similar al de Cuba y el de Venezuela.
Es bajo este contexto de
desinformación y pánico generalizado que en el plebiscito por la paz el NO se
impone sobre el SI. Noticia que dejó en un gran desconcierto al mundo entero
dado la incertidumbre que causaba después de cuatro años de negociación. Esto
conllevó a que dichos actores políticos abanderados en el discurso contra los
acuerdos tuvieran un mayor nivel de respaldo popular al sentirse los
representantes de tal iniciativa y en tal condición lograron modificar algunos
elementos de los acuerdos paradójicamente apoyando que si fueran firmados. Si
bien, en su momento, el temor más grande era que todo esto terminará en el
regreso de las FARC a las armas, el respaldo de organizaciones internacionales,
países acompañantes, movimientos sociales nacionales, la academia, la red de
víctimas, los líderes y lideresas, el mismo presidente y los partidos políticos
articulados por esta causa no lo permitieron. Finalmente los acuerdos fueron
firmados el 24 de Noviembre del 2016.
El
Estado Colombiano en el marco del posconflicto.
Otro de los
acontecimientos más importantes en la configuración de la política nacional son
las elecciones presidenciales del 2018. Estas fueron sumamente importantes
puesto que allí se determinaría el enfoque del estado en los años venideros.
Los programas políticos que lograron llegar a segunda vuelta fueron
completamente antagónicos. Uno era la continuidad en términos del modelo
económico cimentado desde la década de los 90´s urgido de culminar determinadas
reformas tributarias que permitieran la liquidez del estado y la consolidación
de un régimen fiscal que garantizara la inversión extranjera haciendo del
extractivismo el principal pilar del desarrollo económico. El otro programa
político presentaba crucialmente un conjunto de rupturas con este modelo de
desarrollo y también un respaldo a los acuerdos de paz entre el Estado y las
FARC.
A pesar de las
particularidades de cada programa y sus antagonismos no fue esta circunstancia lo
que movilizó la ciudadanía a orientarse por una u otra propuesta. Durante la
carrera por la presidencia lo que si fue un factor dinamizador fueron los
discursos de odio y terror que al mismo estilo del plebiscito por la paz volvieron
a colocarse en el centro del debate público. La utilización indiscriminada de
una retórica en contra del candidato a favor de los acuerdos de paz a través de
diversos medios de comunicación incluyendo las redes sociales exacerbó una
población hacia un sentimiento de confusión e incertidumbre, dominio emocional
desde el cual el actual gobierno Centro Democrático y su bancada se presentaron
como un refugio de estabilidad económica, política y social.
Pese a este escenario tan
turbio para el candidato de la Gran Coalición por la Paz floreció un intenso activismo político en medio de una
agitada y articulada convergencia de movimientos sociales por la paz, la
educación, el medio ambiente, con organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas,
obreras e incluso empresariales. La apuesta central estaba alrededor de una narrativa del cambio y de transformación como
también de oposición frente a una posible gobernanza por parte del Centro
Democrático.
Miles de simpatizantes de
la Gran Coalición por la Paz se congregaron en la plaza pública tal como ocurrió con destacados
dirigentes durante el siglo XX. Estas
eran congregaciones de diferentes banderas políticas tradicionales
y alternativas, de partidos exterminados y otros emergentes. Lo más particular,
fue también el papel de prestigiosos académicos que exponían su reputación
respaldando dicha coalición. Sin olvidar también
columnistas, artistas y otras figuras que utilizaron su influencia en la
opinión pública para dar su respaldo al entonces candidato presidencial Gustavo
Petro representante de este movimiento.
El acontecimiento más
determinante en estas elecciones fue sin lugar a dudar la crisis social, económica
y política en Venezuela. Diariamente se proyectó en televisión y en redes
sociales dicho estado de inestabilidad de la nación vecina, esto sumado a la
masiva migración hacía Colombia, principal país receptor de migrantes, aumentando
la percepción de incertidumbre y desconfianza con todo aquello que tuviera una afinidad
con aquel modelo político-económico. Es justamente la frase “nos volverán como
Venezuela” el logo de la campaña que
daría el suficiente oxígeno al programa político de los detractores de las
negociaciones de paz y ahora aspirantes a la presidencia. Este programa a pesar
de estar completamente desincronizado con las urgencias políticas, sociales, ambientales y
económicas demandadas por el grueso de la población logró sumar también amplios
sectores de la ciudadanía.
En otras palabras, aunque
este gobierno no prometía tener soluciones estructurales a las problemáticas
internas, como tampoco ofrecía un marco
hacía futuro de progreso social, brindaba una garantía de no hacer de Colombia
un escenario semejante al del país vecino. Esta propaganda política operó como
un dispositivo retórico muy potente para garantizar la victoria de la coalición
Gran Alianza por Colombia que tendría
como candidato al exsenador del centro democrático Iván Duque con un total de
53.9% del escrutinio contra un 41.8% del candidato contrincante.
Gobernar
contracorriente.
A finales del 2018 el
nuevo gobierno en medio de un ambiente de polarización política inédita, en
medio de escándalos políticos y sobre todo en un ambiente de angustia por sus
retóricas alrededor de los grupos insurgentes como el problema fundamental de
la nación, este gobierno asumía el direccionamiento del Estado.
El cumplimento de los
acuerdos conllevó a la creación de toda una
institucionalidad alrededor de la verdad, la justicia y la reparación de las
víctimas entre las cuales se destaca la CEV y La JEP. Esta última en el ojo del huracán dado que tiene la
potestad de generar reducción de penas para los actores implicados en el
conflicto armado tanto exguerrilleros de las FARC-EP como miembros de la fuerza
pública y otros agentes del Estado a cambio de verdad. Es justamente este
último hecho lo que la convierte en un blanco de ataque del partido centro
democrático desde antes y durante su
gobernanza,
dado que mucha de la información que allí sea revelada podría implicar una
verdad relacionada con la
responsabilidad de actores del estado en la profundización del conflicto civil,
los genocidios y demás atrocidades negados por dichos actores.
En consecuencia
atravesando la nación un nuevo escenario de posconflicto y desescalonamiento de
la violencia, este nuevo gobierno
representaba la incredulidad en las
instituciones del estado por quienes las asumirían, actores políticos con
irregularidades en sus expedientes, como también por sus abiertas posiciones en
contra de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC.
Paro
Nacional 19 de Noviembre 2019
Al cabo del primer año de
gobierno la amenaza de “convertirnos como Venezuela” fue relegada a un último
plano y a primer plano pasaron toda una serie de sucesos deficitarios en
términos de derechos humanos como los sistemáticos asesinatos de líderes
sociales,
la presunta involucración de la Fiscalía
General de la Nación dirigida por Néstor Humberto Martínez en casos de
corrupción, al asesinato de ocho menores de edad en un bombardeo contra
disidencia de las FARC por el ministro de defensa Guillermo Botero, la
intencionalidad de introducir el Fracking y finalmente la idea de llevar a cabo
la reforma pensional. Estos fueron desencadenantes claves del Paro Nacional el
19 de noviembre del 2019.
El Paro Nacional fue una
gran manifestación social convocada por distintos sectores de la sociedad
colombiana como: los estudiantes universitarios, la Federación Colombiana de
Educadores (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la
Confederación de Pensionados y el Congreso de los Pueblos en contra de la
gobernanza de Iván Duque. Este movimiento fue creciendo vertiginosamente hasta
congregar: campesinos, mujeres, indígenas, afrodescendientes y partidos
opositores de dicho Gobierno.
Un paro nacional de esta
dimensión no se conocía desde el 14 de septiembre de 1977 que fue el primer
paro cívico nacional, convocado por cuatro centrales obreras del país: UTC,
CTC, CGT y CSTC. A diferencia de aquel paro de cuatro décadas atrás este logró
mantenerse por más dos meses y articuló las principales ciudades del país.
La naturaleza de este
paro no fue espontánea, al modo de una protesta social detonada por un
acontecimiento particular; más bien fue resultado de una estructura de
oportunidades políticas, pero también fue producto
de una serie de conquistas democráticas concretadas paulatinamente durante la
última década como los mismos acuerdos de paz, -el estatutos de oposición, una
mayor participación en el senado y en la cámara de representantes de partidos
alternativos- conquistas en un alto riesgo de perderse tras las desacertadas
decisiones del gobierno; también fue un
hecho crucial en el mes de octubre la derrota del uribismo en las ocho
principales alcaldías y gobernaciones del país. Justamente, este último acontecimiento del
2019 es un hecho esperanzador dado que redefine un escenario de contra
hegemonía entre el centro de poder (la presidencia) cooptada por el uribismo y los
territorios locales gobernados por
partidos con un carácter divergente al del gobierno.
Otro aliciente para que
tuviera tal magnitud el paro del 19N en Colombia tuvo que ver con el contexto
regional en América Latina con países como Ecuador, Chile y Bolivia donde las movilizaciones
también fueron de escala masiva y nacional. En el fondo estas protestas tenían
una profundad inconformidad con las reformas neoliberales llevadas a cabo
durante las últimas décadas, especialmente en Chile y Ecuador dado que la
situación de Bolivia tenía más relación con la destitución de Evo Morales sin
garantías jurídicas.
Ante este escenario de
politización de la ciudadanía en Colombia frente al asesinato de líderes
sociales, a la concreción de reformas
tributarias y pensionales, por la defensa de las instituciones surgidas con los
acuerdos de paz y la defensa de los territorios la respuesta desde la bancada
del gobierno fue la acusación de que estas movilizaciones serían una jugada
política del foro de Sao Paulo para desestabilizar las democracias en América
Latina. Dicho desplazamiento de la
responsabilidad y omisión de las inconformidades de la ciudadanía apelando a la
explicación del orden interno por acciones conspirativas provenientes de Venezuela
y el ALBA fue también una estrategia retórica utilizada en gobiernos derechistas
de Brasil y Chile A pesar de que se hicieran estas acusaciones que
efectivamente tienen eco en amplio sectores de la población, la movilización en
Colombia se mantuvo hasta el año siguiente.
Nuevo
año nuevas encrucijadas.
El presente año 2020 trajo un problema de escala planetaria que
demandó acciones radicales como el confinamiento. La pandemia producto de la
propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en todos los continentes del mundo
monopolizó la atención pública nacional e internacional, dejando en un segundo
plano las diversas problemáticas internas de los diferentes países del mundo.
Colombia no fue la
excepción, el estado y la sociedad ante esta amenaza externa debieron enfocarse
en la superación de esta pandemia. El gran sacrificado en este contexto fue el
mercado, dado que en un alto porcentaje se detuvieron las dinámicas económicas.
Por primera vez en muchas décadas la prioridad de la vida subordinó la
imperante necesidad de crecimiento económico y productividad. No obstante, a
pesar de los esfuerzos sumados desde los gobiernos locales, departamentales y
la presidencia durante este año no han parado de ser asesinados líderes
sociales y desmovilizados de las FARC.
Conclusiones
inconcluyentes.
Determinar el enfoque del
estado en Colombia es un hecho de gran incertidumbre que en la coyuntura actual
está condicionado por un contexto global en una situación pandémica dado el
alcance del coronavirus SARS-CoV-2. Bajo este escenario, la promoción de una
vertebración de la sociedad alrededor de la vida y la paz podría operar como dimensiones centrales
para la concertación y convergencia de bandos políticos antagónicos mitigando
así la alta polarización política del país.
La constitución del 1991 a
pesar de ser la Carta Magna de la nación desde hace tres décadas todavía sigue
sin ser explotada en el buen uso de la palabra. Es decir, no se le ha otorgado
el lugar que debería tener, más cuando en ella están consignados los derechos
fundamentales de la ciudadanía tan atropellada por el conflicto civil como
también por el modelo económico afianzado en el país con los últimos gobiernos
desde la apertura económica.
En un escenario de posconflicto
el renacer de los movimientos sociales es
clave como expresión de malestar frente a las enormes injusticias y
arbitrariedades que han operado históricamente contra la población civil,
especialmente, las que han sido afectadas de múltiples formas por la pobreza
estructural y por el conflicto armado. Ante este escenario es vital para la
democracia, la emergencia de nuevas luchas sociales articuladas en movimientos
por el medio ambiente, el cuidado de los parques nacionales, los páramos, las montañas
y los territorios de vida.
Estas luchas no son
aisladas. Sin lugar a duda se dan en espacios geográficos diferenciados, con
circunstancias económicas heterogéneas, convergen en propósitos nacionales comunes,
defendidos en las últimas décadas por las organizaciones sociales de
trabajadores, indígenas, docentes, afrodescendientes, estudiantes, mujeres y
campesinos que infortunadamente fueron invisibilidades por el fuego de las
armas.
A manera de pensarse la
simbólica nacional en Colombia, como esa dimensión inconclusa de un estado-nación
moderno, es un hecho fehaciente que posterior al bipartidismo, la sociedad demostró
una gran inclinación por la política de la seguridad democrática como respuesta
a un estado de pérdida del dominio sobre el territorio. El éxito de esta
política es que significaba colocar todo en orden, lo que resultó muy popular al
recibir respaldo de amplios sectores de la sociedad. Con el fantasma de las
FARC siempre presente todos los esfuerzos militares que conllevaran a su exterminio
eran aplaudidos así la guerra contra la pobreza estructural se estuviera
perdiendo. No obstante después de los acuerdos de paz, esta fuerza política que
es hoy el uribismo es anacrónica para movilizar a la ciudadanía alrededor de un
proyecto común, tanto así, que en las elecciones de las autoridades
territoriales perdieron las ciudades y los departamentos principales.
Finalmente vale la pena
preguntarse ¿Qué reclama la ciudadanía en este escenario de posconflicto? ¿Cuáles
son las nuevas narrativas sobre las
cuáles convergerán los movimientos sociales? ¿Cómo desmovilizar una bancada
política que galopa desde el discurso de la negación? ¿Qué sucederá con las
instituciones del estado en medio de una politización sínica y
desproporcionada? Y finalmente ¿Cuál es el papel de los movimientos sociales
frente a esta crisis de institucionalidad?
Referencias Bibliográficas.
ü Anderson,
B. (1996). La comunidad imaginada. Debate Feminista, 13, 100-103.
ü
Bobbio, N.,
Bovero, M., de Cabo, A., & Pisarello, G. (2003). Teoría general de
la política. Madrid: Trotta.
ü Gomez-Suarez, A. (2016). El Triunfo del NO: la
paradoja emocional detrás del plebiscito. Icono.
ü
Gonzáles, Fernán, poder y violencia en Colombia,
capítulo 1. Aproximaciones al estudio del Estado en Colombia: conflicto armado,
ilegalidad y narcotráfico. Bogotá, Cinep, pp. 39-81.
ü Lefort, C. (2013). La imagen del cuerpo y el
totalitarismo. Revista de filosofía, política, arte y cultura, 17.
ü Pécaut, D. (1910). Simbólica nacional,
liberalismo y violencias. MT Calderón, & I. Restrepo, Colombia, 2010.
ü Pécaut, D. (2004). Memoria imposible, historia
imposible, olvido imposible. Memorias en conflicto. Aspectos de la violencia
política contemporánea, 87-103.
ü Tarrow, S. G. (2004). Power in movement.
El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la
política (No. Sirsi) i9788420641911).
[3] Gonzáles, Fernán, poder y violencia
en Colombia, capítulo 1. Aproximaciones al estudio del Estado en Colombia:
conflicto armado, ilegalidad y narcotráfico. Bogotá, Cinep, pp. 39-81.
[8]
Pécaut, D. (2004). Memoria imposible, historia imposible, olvido
imposible. Memorias en conflicto. Aspectos de la violencia política
contemporánea, 87-103.
El planteamiento principal según
Tarrow es que la gente se suma a los movimientos sociales como respuesta a las
oportunidades políticas, y a continuación crea otras nuevas a través de la
acción colectiva. “Al hablar de estructura de las oportunidades políticas, me
refiero a dimensiones consistentes —aunque no necesariamente formales,
permanentes o nacionales— del entorno político, que fomentan o desincentivan la
acción colectiva entre la gente…Las estructuras del Estado crean oportunidades
estables, pero son las oportunidades cambiantes en el seno de los Estados las
que ofrecen las oportunidades que los interlocutores pobres en recursos pueden
emplear para crear nuevos movimientos”. Tarrow, S. G. (2004).
